La violencia digital abarca conductas como el acoso en línea, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad y las campañas de hostigamiento en redes sociales. Estas formas de agresión, especialmente dirigidas contra mujeres, han motivado respuestas jurídicas que combinan herramientas penales, civiles y constitucionales.
En Costa Rica, la víctima puede recurrir a mecanismos como el recurso de amparo para la protección de su honor e imagen, a la vía penal cuando la conducta configura un delito, y a las acciones civiles para reclamar la reparación del daño. La rapidez en la actuación es determinante para preservar la prueba digital y limitar la difusión del contenido.
Contar con asesoría legal inmediata permite a la víctima documentar los hechos, solicitar medidas de protección y exigir la responsabilidad de quienes participan en la agresión.