El uso de criptoactivos ha crecido en Costa Rica sin un marco regulatorio específico. Aunque las criptomonedas no son moneda de curso legal, su empleo en inversiones, pagos y transferencias internacionales plantea interrogantes sobre su tratamiento fiscal, contable y frente a la normativa de prevención de legitimación de capitales.
Los principales desafíos incluyen la protección del consumidor financiero, la trazabilidad de las operaciones, la seguridad frente a fraudes y la obligación de reportar ciertas transacciones. La tendencia internacional avanza hacia regímenes que exigen registro y supervisión a los proveedores de servicios de activos virtuales.
Para empresas e inversionistas, operar con criptoactivos sin asesoría legal incrementa el riesgo de sanciones y de contingencias tributarias. Un análisis jurídico previo permite estructurar las operaciones con seguridad.